"La violencia es impotencia". La insensata y facilista hipótesis del Ministro del Interior

El Ministro del Interior, General (r) Remigio Hernani en una entrevista concedida hoy a el diario El Comercio señala que las violentas protestas en Cajabamba, Canchis y Tacna "obedecen a una sincronización y a una lógica que busca sabotear la democracia", adelanta que el feroz ataque a la gobernación de Tacna fue realizado por militantes de alguna organización "clandestina o semiclandestina" y que están formados militarmente.

Peligrosa la hipótesis del flamante Ministro del Interior ya que, de ser cierta, estaríamos frente a una organización nacional con capacidad de concertar "sincronizadamente" acciones violentas en simultáneo en diversos escenarios, actuando en el seno de conflictos que tienen causas muy diversas. No existe una organización con esa capacidad en el país.

Ausencia de inteligencia y desaparición del Grupo de Crisis

Ante la irresponsable ausencia de inteligencia y la desaparición del Grupo de Crisis que funcionaba en el Ministerio del Interior en la época de Fernando Rospigliosi y que luego resucitó en la PCM Jorge del Castillo, se inventan hipótesis descabelladas que pueden tener como víctimas a personas y grupos inocentes, como es el caso de Roque González, injustamente detenido hasta hoy por sus ideas (aunque no las compartamos).

Todos estos conflictos pudieron ser previstos y se hubiese evitado la violencia: El de Tacna y Moquegua por el reparto del Canon tenía como antecedente el "Moqueguazo" y el tiempo transcurrido entre éstos acontecimientos y la semana pasada obligaban a una real concertación entre actores. Pero eso no lo hizo ni el Ejecutivo en todo este tiempo y el Congreso no quizo esperar como lo recomendó Simon y el propio Presidente del Congreso, no trabajaron seriamente con las autoridades locales y regionales. Es por ello que la Ley que promulgó el Parlamento estaba condenada a ser rechazada por los tacneños. Sin los recursos del Cánon dejarán de invertir en tres proyectos fundamentales para el abastecimiento de recursos hídricos en una zona desértica, cabecera del desierto de Atacama.

Algo similar sucede con el problema de Cajabama y la carretera como leerán en el Comunicado del partido Fuerza Social de Cajamarca que lidera el presidente regional, Jesús Coronel. Los hechos violentos no tienen su raíz en la voluntad de un grupo clandestino o semiclandestino que actúa a nivel nacional. Tampoco los sucesos de Canchis que ha vivido hechos de una violencia muy seria pero donde existen indicios de corrupción y peleas de poderes locales que utilizan las radios para azuzar a la población descontenta por el maltrato y el abandono.

Si existen grupos extremistas que aprovechan conflictos reales

Existen agitadores (los hemos visto en vivo y en directo en la televisión y los miembros de nuestro partido nos han informado directamente). Existen grupos extremistas, como bien señala Jesús Coronel en los hechos ocurridos en Cajabamba, pero eso no es una novedad, aprovechan el abandono y negligencia del Estado y la inacción de los partidos democráticos encauzando el resentimiento y la bronca popular. A ello se suman jóvenes que actúan con violencia como la se vive en algunas pandillas; una violencia similar a la ocurrida cuando 200 personas que con armas de fuego irrumpieron el domingo pasado en Polvos Azules contratados por una de las partes en el litigio sobre la propiedad de los aires ese bollante centro comercial.

¿O lo de Polvos Azules es parte también de la "conspiración sincronizada contra la cumbre de APEC" señor Ministro del Interior?

El desafío para la Política

Nada reemplazará la eficacia de la inteligencia, de la concertación y el diálogo. La violencia es resultado de la ausencia de acción política, de la impotencia. Este es un desafío para todas las instituciones y un llamado de atención a los partidos políticos democráticos a estar presentes en la sociedad que necesita canales de intermediación y representación para no caer en el caos y la violencia. Es un desafío para nosotros en Fuerza Social.

El orden interno

Nos encontramos frente a un serio problema de orden interno, no solo por la existencia de conflictos diversos y complejos algunos de ellos, sino por la clamorosa ausencia de una política pública de prevención y atención a los conflictos. El orden público no es un asunto policíaco, es un asunto político en primer lugar; solo al final cuando esta fracasa en la negociación interviene la Policía Nacional haciendo un uso legítimo y proporcional de la fuerza.

Varios Comunicados y análisis sobre estos hechos:

1. Comunicado del Partido Descentralista “FUERZA SOCIAL”

A la Población de Cajamarca:

Ante la actual coyuntura política que vive el Perú y, particularmente el Departamento de Cajamarca; Fuerza Social expresa lo siguiente:

1. La crisis financiera internacional o crisis del capitalismo o crisis de los países ricos está afectando a los países pobres como el Perú, lo cual repercute en el alza de los precios, inseguridad ciudadana, corrupción institucionalizada, fortalecimiento del narcotráfico, resurgimiento de grupos violentistas, etc.; producto de un Estado aún ineficiente, ineficaz, inoperativo, tedioso y muy burocrático. Un Estado que no logra atender las necesidades básicas de la población con justicia, equidad y transparencia.

2. Los procesos democráticos y el estado de derecho se ponen en riesgo, originando contradicciones antagónicas en los reclamos de la población organizada y posibilitando el desborde popular y el consecuente violentismo, aprovechado por grupos radicales.

3. La protesta popular organizada se justifica, pero bajo procedimientos democráticos y con propuesta viables para dar solución adecuada a las justas demandas, dentro del marco de dialogo y concertación, tomando acuerdos consensuados y así generar confianza entre las partes en conflicto para dar soluciones adecuadas a los mismos. El diálogo es el mejor mecanismo para resolver diferencias. La coerción y la privacidad de la libertad individual o colectiva atentan contra la democracia y el estado de derecho.

4. Los grupos radicales aprovechan la coyuntura de la reunión APEC, para mostrar al mundo que el Perú no es viable y que vive en caos. El APRA es responsable por la política económica neoliberal que se aplica de acuerdo a los mandatos del FMI.

5. Fuerza Social reitera su firme convicción democrática y de oposición a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Somos defensores de los derechos humanos y ciudadanos, así como de la democracia participativa.

6. Fuerza Social, frente a los acontecimientos últimos en la provincia de Cajabamba, reconoce las justas reivindicaciones planteadas en su Plataforma de Lucha; pero no aceptamos mecanismos radicales de algunos dirigentes, la retención de personas del Gobierno Regional de Cajamarca y la presión para que firmen actas de compromisos. En varios de los puntos expuestos en la Plataforma de Lucha son competencia del Gobierno Nacional, quienes deben asumir sus responsabilidades. El Gobierno Nacional y Alan García están en la obligación de atender las justas demandas de la población, siendo nuestra Región una de las más desatendidas y postergadas.

7. Fuerza Social respalda al Presidente Regional de Cajamarca en su lucha constante por convertirla en una institución eficiente y eficaz, en la perseverante tarea de exigir al Gobierno Nacional la ejecución de los proyectos de envergadura para Cajamarca. Lo respaldamos por su firmeza en la lucha contra la corrupción y en su plena disposición para el dialogo y la concertación. Exhortamos a los funcionarios del GR que cumplan cabalmente con sus funciones y respondan a las expectativas y exigencias de la población, siendo un soporte técnico de la gestión del Presidente Regional.

8. Exigimos al Gobierno Nacional dar atención inmediata a la problemática existente, de lo contrario el pueblo de Cajamarca con sus autoridades, gremios y sociedad civil organizada impulsaremos una Movilización Popular con miras a realizar un Paro Regional, a fin de que nuestras justas reivindicaciones sean atendidas con prioridad. Por eso llamamos a los cuadros dirigentes del partido, a los militantes y simpatizantes a participar activamente en las justas reivindicaciones del pueblo organizado, con propuestas claras y en lucha y deslinde contra el violentísimo y el anarquismo.

Cajamarca, 28 de Octubre del 2008.

COMISION POLITICA REGIONAL CAJAMARCA

2. Comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

ANTE EL CRECIENTE CLIMA DE CONVULSIÓN SOCIAL QUE VIVE EL PAÍS

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) observa que, si bien los conflictos sociales actualmente en curso responden a motivos disímiles, tienen en común que los canales institucionales para procesar las demandas han perdido legitimidad de una manera creciente y muy grave. Ante los ojos de parte importante de la población, los mecanismos propuestos por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, tales como convenios, acuerdos, mesas de diálogo o las instancias administrativas regulares, aparecen como ineficaces, por lo que con frecuencia son abandonados. Ante ello, el recurso a la protesta violenta se va imponiendo con alarmante frecuencia como mecanismo supuestamente eficaz para imponer reivindicaciones, cuando en realidad se trata de un recurso de resultados contraproducentes, imprevisibles y definitivamente perjudiciales para toda la sociedad, incluidos los sectores reclamantes.

La CNDDHH es conciente de la complejidad del tema y lo difícil que puede resultar su solución en un plazo breve. Por ello quiere enfatizar como punto fundamental de preocupación, en este momento, la necesidad de que todos los sectores se comprometan a prevenir violaciones de derechos humanos, que puedan cometerse tanto por sectores que protestan como por las fuerzas de seguridad.

En este sentido queremos exhortar:

Al Gobierno y las fuerzas de seguridad, a realizar toda acción de restitución del orden público respetando los derechos de la población, con un uso mínimo y proporcional de la fuerza, evitando en lo posible actos que generen una escalada de las acciones de violencia. Asimismo, a las autoridades tanto del Gobierno Nacional como de los Gobiernos Regionales, las llamamos a actuar con iniciativa frente a los conflictos en desarrollo y mantener en todo momento la posibilidad del diálogo. Urge, además, restablecer la relación de la Policía Nacional con la población sobre una base democrática y de servicio público, relación que ha sido gravemente socavada por el desprestigio de la institución a causa de la corrupción y una forma de actuar vertical y ajena a las necesidades de la población.

A los sectores de la población que protestan, a respetar los bienes públicos y privados, a respetar el libre tránsito por las vías públicas y a no incurrir en agresiones que vulneren derechos de funcionarios o empleados estatales. Instamos especialmente a rechazar la incitación a cometer actos violentos como la toma de rehenes de funcionarios públicos o efectivos de la Policía Nacional , así como el ataque e incendio de comisarías policiales. En tal sentido, hacemos un llamado especial a poner en libertad inmediatamente a los 15 miembros del Gobierno Regional de Cajamarca que cumplían el rol de negociadores y que han sido retenidos en Cajabamba, y a no tomar de rehenes a miembros de la Policía Nacional , como ocurrió esta semana en Moquegua, o atacar locales policiales como la comisaría de Nueva Cajamarca, en Moyobamba, que fue incendiada ayer.

La CNDDHH llama a todos los actores sociales públicos y de la sociedad civil, a buscar soluciones consensuadas para enfrentar el escenario de conflictos actuales y futuros, con justicia, equidad, eficiencia y vigencia de derechos. Recordamos que es responsabilidad del Gobierno mantener abierta la vía del diálogo y hacer todo esfuerzo para llegar a acuerdos efectivos con los manifestantes que hacen uso legítimo de su derecho de protesta. Invocamos una vez más a la población evitar los actos de violencia, que agudizan los problemas sociales y conspiran contra un clima favorable al diálogo, única vía para la solución racional de los problemas.

La CNDDHH comprende y apoya el derecho de manifestación y protesta de la población, y la legitimidad de numerosas demandas sociales. No obstante, siente también el deber de defender la paz, esa paz que los peruanos hemos aprendido a valorar tras la terrible experiencia del terrorismo. Por eso reitera su enérgico rechazo a todo acto de violencia que se presente en el marco de las protestas sociales que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, renueva su llamado urgente a los actores involucrados en los conflictos a recuperar la capacidad de diálogo y negociación para atender las causas de estos problemas a la brevedad.


Lima, 30 de octubre de 2008

3. Informe desde Canchis

Luego de la torpe actuación de Manolo Figueroa y la intransigencia de los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis y la Federación Campesina de la Provincia de Canchis en la mesa de diálogo del pasado sábado 25 de octubre, la ciudad de Sicuani está verdaderamente en peligro. Las fuerzas que han tomado el control de la situación, dejaron de ser los dirigentes campesinos sino fuerzas oscuras cuyos nombres no podríamos determinarlos ahora.

Quemaron el Ministerio Público y los expedientes que estaban dentro, saquearon la casa del alcalde Mario Velásquez y el vicepresidente Regional Mario Ochoa, radio Sicuani, el local de la empresa municipal del agua y el hospital de Sicuani. Lo último fue que ayer domingo, 26 de octubre, quemaron el puente de Chuquicahuana que conecta Canchis con las provincias de Canas y Acomayo. Toda persona que se atreva a oponerse a los manifestantes o intente dar razones es descalificada o agredida. El momento dio lugar a estrategias psicosociales como decir que hay tres muerte y cuatro desaparecidos, mentiras cuyo objetivo era enardecer a la gente.

La plataforma de lucha terminó por confundirse totalmente entre las demandas locales, no se sabe con claridad que es lo que se quiere. Se empezó con el pedido de una nueva Constitución y se termina en el rechazo de la construcción de la hidroeléctrica Sallca Pucara y la vacancia del Alcalde.

La Iglesia que en otros tiempos atemperaba las movilizaciones y manifestaciones de la provincia hoy no encuentra una PALABRA, UN MENSAJE para transmitir, la Defensoría del Pueblo, con todos sus esfuerzos, no logró concretar un acuerdo que pusiera fin al problema, no existen organizaciones políticas que se opongan a los actos de violencia o que puedan promover una salida, el gobierno local y el gobierno regional están fuera del tablero, dejaron de funcionar el poder judicial y la fiscalía y llegaron los refuerzos de la policía especializada en disturbios y manifestaciones. No hay una clase política que proponga una salida con el suficiente poder para detener esta asonada violenta.

Ésta dejo de ser una lucha del pueblo Canchino y se convierte en el objetivo de grupos extremistas. De otra parte, trascendió que quien estaría tras la quema del Ministerio Público sería el ex alcalde provincial; su cuñado fue identificado como uno de los autores; y ello porque recientemente se interpuso una denuncia de corrupción en contra suya con pruebas contundentes que incluso contenían informes de la Contraloría General de la República. Además durante los acontecimientos se puede notar una actuación planificada por la secuencia de los hechos y los objetivos del disturbio.

Sin embargo; para la mañana del martes 28 de octubre se definió una agenda única con tres puntos: 1) la derogatoria de los decretos legislativos que atenten contra las comunidades campesinas de la sierra, 2) la nulidad del proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que habilita la construcción de la hidroeléctrica Sallca Pucara y 3) la vacancia del Alcalde provincial; conjugando hábil y ordenadamente la agenda local con la agenda de los pueblos del Perú. Los dirigentes se reunieron en el distrito de San Pedro y convocaron a los profesionales de la provincia para desarrollar estas alternativas concretas. Mientras tanto el bloque continúa a la altura del Puente Arturo.

Mario Tapia, Valeriano Cama, secretarios generales del FUDIC Y DE LA FPCC, junto a otros dirigentes como Aurelio Mamani, lideran el movimiento aunque saben que luego de todos estos acontecimientos caerán sobre ellos sendos procesos judiciales.

Finalmente el paro se hace más fuerte por la indignación que despertó en la provincia al saber que Mario Ochoa, Vicepresidente regional habría estado negociando la construcción del hospital de Sicuani con Fortunato Canaan y Rómulo León Alegría y estaría involucrado en un enmarañado de corrupción de nivel internacional.

(Omito el nombre del autor por seguridad)

Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima