domingo, 19 de abril de 2009

8 consideraciones sobre la improcedencia de rebajar la edad de responsabilidad penal a 16 años

La propuesta de la congresista Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior, cuyo propósito es modificar diversos artículos del Código Penal, del Código de Ejecución Penal y del Código del los Niños y Adolescentes[1], atenta contra los derechos de los niños y es ineficaz para reducir la delincuencia. Entre otros aspectos, esta iniciativa contempla que aquellos adolescentes de entre 14 a 15 años que cometan algún delito, como parte de pandillas perniciosas, sufran un internamiento no menor de 4 años. Si son cabecillas de pandillas, el internamiento será no menor de 3 ni mayor de 5 años; pero si sin son mayores de 16 años, entonces se les aplicará el Código Penal.

1. la creciente percepción de inseguridad y el aumento de la criminalidad exigen respuestas efectivas de las autoridades

a) Percepción de inseguridad
La percepción de inseguridad es creciente no solamente en el Perú. La ciudadanía exige respuestas a lo que considera el segundo o tercer problema más importante (según las encuestas) y la autoridad debe darlas.
Los delitos patrimoniales aparecen en las encuestas por encima de cualquier otro problema delincuencial. La percepción del robo en la calle es mucho mayor que la percepción de las agresiones de las pandillas. 31% consideran que éstas han disminuido. La preocupación por las pandillas se concentra en el estrato bajo superior seguido del bajo inferior[2].

b) Victimización
En Lima Metropolitana y El Callao, no existen diferencias entre clases sociales respecto a la victimización. Por ejemplo, un 40% de limeños declara haber sido afectado por un robo en la calle. Contra lo que se piensa, quienes declaran haber sido víctimas de pandillas son, en términos porcentuales, muy pocos[3]
Incremento efectivo de la criminalidad en America Latina, la tasa de homicidios es 25.1 por cada 100,000 habitantes en América Latina, el doble que la de 1980 y 25 veces más que en los países nórdicos[4]. El Perú tiene una tasa de criminalidad media.
El Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica y la vida libre de violencia para todas las personas que viven en su territorio, tanto en el ámbito público como en el privado.

2. La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una obligación del Estado

Proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes no es incompatible con la seguridad ciudadana. Todo lo contrario, las políticas universales de educación y salud, así como la prevención social y las medidas restaurativas garantizan el derecho a una vida libre de violencia y la convivencia pacífica entre las personas.
El Estado como Parte de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 está vinculado a la norma y a las recomendaciones que emanen del órgano que ésta crea, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La norma señala que el Estado tiene responsabilidad de “establecer medidas socio-educativas alternativas al internamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley.” (Artículo 40, párrafo 4). El CDN en su Observación General No 10 claramente expresa su preocupación por la falta de información de los Estados Parte sobre las medidas que han adoptado para evitar que los niños entren en conflicto con la ley

Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado peruano, marzo del 2006
“El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos para garantizar la plena armonización del derecho interno con la Convención y que considere la posibilidad de derogar la “Ley de mendicidad” y el artículo del Código del Niño y del Adolescente que se refiere al “pandillaje pernicioso”

Administración de justicia juvenil
72. El Comité recomienda al Estado Parte que prosiga y redoble sus esfuerzos para armonizar plenamente el sistema de justicia juvenil con la Convención, en particular los Artículos 37, 40 y 39, y con otras normas de las Naciones Unidas en la esfera de la justicia juvenil (reglas de Beijing) Directrices de RIAD para la Prevención de la delincuencia juvenil, la Reglas de Naciones Unidas parta la Protección de los Niños Privados de Libertad y las Directrices de Acción de Viena sobre el Niños en el Sistema de la Justicia Penal, así como las recomendaciones formuladas por el Comité en su día de Debate General sobre la administración de la justicia juvenil (CRC/C/46 párrafos 203 a 238). “A este respecto el Comité recomienda:
a) Que cree tribunales de infancia en todo el país con personal debidamente formado,
b) Que establezca un sistema funcional de medidas socioeducativas y recurra a la privación de la libertad solo como último recurso y por el período más breve que estime adecuado;”

3. Diagnóstico que sobredimensiona el problema


El Proyecto de ley mencionado diagnostica que en el Perú existe un elevado número de pandillas juveniles integradas mayormente por adolescentes. Sin embargo, datos de la Policía Nacional contradicen esta afirmación. Lima y Callao concentran 410 de las 499 pandillas juveniles en Perú. Estas pandillas metropolitanas cuentan con 12 mil 128 miembros, 0.32% del universo de la población de esa edad. La Policía Nacional ha constatado que 55.4% de estos pandilleros son mayores de 18 años (Página Web de Save The Children Perú). Ver además los temas de percepción y victimización presentados en el punto 1.

4. Las respuestas penales a problemas sociales están condenadas a fracasar

Las y los adolescentes tienen derecho a la educación, a la protección de la familia, a políticas públicas nacionales y locales que generen igualdad de oportunidades y les permita un proyecto de vida digna. La represión y la privación de la libertad no resuelven el problema de los adolescentes que se integran a las familias.
a) Los pandilleros proceden de familias desestructuradas (sólo el 49.64 % viven con ambos padres); familias despreocupadas de sus hijos e hijas y poco afectuosas; padres vinculados a las drogas;
b) El 70.50 % de quienes integran las pandillas no ha completado la educación secundaria. “En AL uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educacional y del mercado de trabajo. Solamente el 49% termina la secundaria”[5]

c) La Dra. Rita Figueroa, Fiscal Provincial de Familia de Lima, ha señalado la necesidad estatal de invertir en políticas públicas, especialmente en salud y empleo; garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria de calidad y gratuita; apoyar programas de formación vocacional; limitar y controlar el tráfico y uso de armas de fuego; e instar a los medios de comunicación a contribuir a construir una cultura de paz. (Página Web Save The Children Perú)
d) La mayor parte de los adolescentes llegan al delito por su situación de marginalidad y exclusión social. Cuando se provee a estos adolescentes de educación y alternativas laborales, la reincidencia es baja o nula. Los jóvenes privados de la libertad en establecimientos tradicionales muestran una alta tasa de reincidencia. (Fenómeno de “la puerta giratoria”)

5. No meter a todos los adolescentes en el mismo saco

La mayor parte de los adolescentes en pandillas no están vinculados a delitos. Buscan en estos grupos sentido de pertenencia, afecto, reglas, referentes que no encuentran en la familia ni en la escuela o la comunidad. Una pequeña parte está vinculada a la criminalidad organizada en el caso peruano. La situación es muy diferente en países de Centro América.

6. Bajar la edad de responsabilidad penal favorecerá que las bandas criminales recluten niños cada vez menores de edad.

Está comprobado en países que han optado por esta vía que cuando se rebaja la edad de responsabilidad penal se incrementa el número de niños que se involucran en actividades delictivas ya que éstos son reclutados a edades cada vez menores. Las experiencias de políticas de Mano Dura o Súper Mano Dura en El Salvador y en otros países centroamericanos han sido contraproducentes.

7. La pena no disuade
Está comprobado hasta la saciedad que las penas no disuaden la comisión de delitos.

8. Es urgente impulsar políticas públicas que resulten adecuadas a un problema que tiene muchas causas, fundamentalmente sociales:

Incrementar drásticamente la cobertura y calidad de la educación secundaria (Art. 28 y 29 de la CND. Observación General 1 del Comité de los Derechos del Niño)

Trabajar con Escuelas de Padres y APAFAS para fortalecer a la familia (Artículo 3.2 CDN)

Prevenir y sancionar la violencia física, sicológica y sexual contra los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo institucional y presupuestamente el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES. (CDN, Artículo 19, Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda Forma de Violencia contra la Mujer, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, Código del Niño y del Adolescente, Informe del Representante Especial del Secretario General de UN sobre Violencia contra los Niños, Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2005-2011)

Erradicar, mediante medidas diversas que se han probado exitosas a nivel internacional, la tenencia de armas ligeras y pequeñas.

Impulsar en los niveles locales políticas públicas de recreación, capacitación e inserción laboral, salud sexual y reproductiva orientada a adolescentes y jóvenes.
Fortalecer institucional y presupuestamente los programas de la Policía Nacional y del Ministerio Público orientados a la recuperación y reinserción de adolescentes en pandillas que han comprobado ser exitosos. Dotar de mayores recursos al Programa Patrulleros Juveniles de la Policía Nacional.

Colocar en la primera línea de preocupación del CONASEC, ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la política de prevención de la delincuencia juvenil en los CODISEC (Comités Distritales de Seguridad Ciudadana). En aquellos en los que los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana han incorporado la prevención de la delincuencia juvenil, los impactos han sido muy positivos. La Ministra del Interior lidera el CONASEC.

Estudiar los programas exitosos de la sociedad civil como el impulsado por el sacerdote Ignacio Mantecón en El Agustino que ha logrado formar grupos de ex pandilleros “Martin Luther King” y “Ernesto Che Guevara”. También los programas apoyados por el propio MIMDES y el impulsado por el Ministerio Público, entre otros, sistematizando sus metodologías para impulsar políticas públicas en el nivel local, regional y nacional.

Para los adolescentes infractores, optar decididamente por las medidas socioeducativas en el sistema abierto, hoy minoritarias ya que solamente abarcan al 32%. ( 37 b CDN, Artículo 235 del Código del Niño y Adolescente, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia para Niños, Reglas de Beiing)

Impulsar la justicia restaurativa y desechar la justicia retributiva, tutelar y represiva hacia el adolescente. La justicia restaurativa determina la responsabilidad del autor (eliminando la impunidad), promueve la restauración de la víctima del delito y reintegra al infractor a la comunidad. Existen en el Perú experiencias exitosas de justicia restaurativa impulsadas por Terre del Hommes y Encuentros, Casa de la Juventud que involucran a la Policía Nacional y que han demostrado gran éxito teniendo una tasa muy baja de reincidencia.




[1] Proyecto de Ley No. 3152/2008-CR recibido en Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 6 de abril del 2009
[2] Basombrío Iglesias, Carlos Percepciones, victimización, respuesta de la sociedad y actuación del estado. Evolución de las tendencias de opinión 2001.2005. Instituto de Defensa legal, Lima 2005
[3] Basombrío Iglesias, Carlos Percepciones, Op. Cit.
[4] Klisberg, Bernardo, Para enfrentar el problema de la (in)seguridad ciudadana. Paso previo: superar un debate simplificador, limitado a lo sancionatorio.
[5] Klisberg, Bernardo, Op Cit


Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima

viernes, 17 de abril de 2009

Jamás un arma en las manos de un niño



Respetemos los derechos de los menores de edad

NO MÁS RECLUTAMIENTOS FORZADOS DE NIÑOS EN EL PERÚ


La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación e indignación por la muerte de un menor de 17 años mientras formaba parte de una patrulla del Ejército Peruano en la zona del VRAE, en Ayacucho. Queremos manifestar nuestra preocupación y alertar a la ciudadanía sobre lo siguiente:
La muerte de un menor como miembro de las Fuerzas Armadas
Se ha comprobado que el menor de iniciales RMC nació el 19 de junio de 1991. Este hecho constituye un serio incumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano, suscriptor del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años en cualquier acto armado.

Los reclutamientos forzados

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, RMC fue reclutado ilegalmente a los 16 años. Los reclutamientos forzados o “levas” fueron prohibidos hace una década. Sin embargo, queda claro que se siguen produciendo de modo encubierto y afectando a la población más vulnerable del país. La Defensoría del Pueblo ha documentado sólo desde enero de 2008 más de 120 casos.
La exposición de menores a situaciones de alto riesgo

Según los casos denunciados por la Defensoría del Pueblo, los menores reclutados ilegalmente serían enviados al VRAE, zonas de alto riesgo y extrema violencia terrorista o de narcotráfico. Las víctimas reclutadas pertenecen a la región Ucayali.

Las condiciones del servicio militar

Los organismos de derechos humanos han documentado casos de menores y jóvenes sometidos a maltratos y torturas al interior de los establecimientos militares, mientras prestan su servicio militar voluntario.

Condenamos el empleo de niños por parte de grupos terroristas

Se han recibido denuncias del uso de niños y niñas por parte de los grupos terroristas en la zona del VRAE. Testimonios de los soldados sobrevivientes del último atentado indicarían que los atacantes terroristas venían acompañados de mujeres y niños. Repudiamos la práctica inhumana de Sendero Luminoso de recurrir al reclutamiento forzado y la esclavitud que ha quedado ampliamente demostrada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La CNDDHH expresa su solidaridad con nuestros soldados víctimas del atentado terrorista, sus familiares y sobrevivientes. Reafirmamos nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas en su objetivo por erradicar remanentes subversivos en la zona del VRAE, pero no podemos pasar por alto arbitrariedades ni permitir vulneraciones a los derechos humanos de nuestros soldados.

En ese sentido, invocamos al Ejército Peruano:

Erradicar definitivamente los reclutamientos forzados como práctica institucional en las Fuerzas Armadas.
Mejorar los procedimientos de reclutamiento y la identificación de casos de menores de edad enrolados arbitrariamente, en colaboración con la Defensoría del Pueblo.
Sancionar drásticamente al personal militar que incurra en estas prácticas.
Mejorar las condiciones de derechos humanos al interior de los establecimientos militares e investigar los casos de maltratos y tortura denunciados por la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos.


Lima, 15 de abril de 2009

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos




NINGÚN ROBINSON MÁS
EN UN PAÍS QUE AMA LA VIDA

La Red Nacional de Niños Niñas y Adolescentes (RedNNA) eleva enérgicamente su voz de protesta e indignación ante la muerte en acción de combate del adolescente ROBINSON JERRY MACEDO SIMA, quien había sido reclutado a las filas del Ejército Peruano y trasladado a la zona de conflicto en el VRAE (valle del rio Apurímac y Ene). Consideramos que este hecho constituye una grave violación a los derechos del los niños, contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que desde 1990 el Estado Peruano forma parte.

Nos preguntamos, y preguntamos a las autoridades políticas y militares ¿Cómo es posible que el adolescente Robinson Jerry Macedo Sima, nacido el 19 de junio de 1991 (17 años) en la ciudad de Pucallpa haya sido reclutado a tan temprana edad y trasladado a una zona altamente conflictiva y peligrosa como es el VRAE? Como organización de niños, niñas y adolescentes de la sociedad civil exigimos una exhaustiva investigación y sanción ejemplar ante este crimen de lesa humanidad.

Nos indigna ver cómo mientras nuestras fuerzas armadas pregonan ser instituciones nobles y honorables estén valiéndose de menores de edad para tener un contingente armado en la zona de conflicto como si se escondieran detrás de ellos y así mismo de que muchachos entre 15 y 17 años en pleno desarrollo físico pasen por las duras pruebas a las que se somete un soldado en entrenamiento y que puede llegar a ser hasta dañino para su desarrollo físico y psicológico. Es por esto que la RedNNA alza su voz tajantemente para que se condene a los responsables no solo de que el adolescente Robinson Jerry Macedo Sima haya estado en aquel fatídico lugar, sino también a todos los que abusan de la niñez y adolescencia peruana, para que no sea maltratada ni usada; y quede claro que el Perú no es una nación que deja que abusen de lo más rico que tiene, que es su pueblo, entre ellos el tesoro mas valioso, presente desde ya y futuro, que es su niñez y adolescencia.

La RedNNA asimismo contempla que el servicio militar por ser voluntario debe sustentarse en la decisión propia de la persona que ha alcanzado la mayoría de edad, por lo tanto debiera de ser aceptada por encima de los 18 años; y no por ser los menores de edad incapaces de decidir madura y responsablemente. Si bien es cierto algunos adolescentes se presentan por tener la vocación militar, conocemos la realidad de nuestro país y se conoce de muchos casos que lo hacen por decisión de los padres con la idea de disciplinar a sus hijos y en otros casos por cubrir sus necesidades básicas, ante los alarmantes niveles de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión, y la falta de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y habilidades que logren un impacto tangible en su población objetivo.

La RedNNA interpela al Ministro de Defensa y al Alto Mando Militar, a fin de que respondan, ¿cómo es posible que adolescentes estén sirviendo en zonas de conflicto armado más aún si en la Convención existen artículos en los que se sabe que por propia decisión el Perú ha firmado y aceptado proteger integralmente a la infancia? ¡ESTO NO PUEDE SER!!!, y como si fuera poco estos hechos no hacen más que aludir la contradicción de nuestro país en el cual mientras se sube la edad para obtener un trabajo digno, sí se puede bajar la edad para privar de la libertad a menores de edad o mandarlos a zonas de conflicto armado. Con lo primero sólo se reprime y no se corrige el problema de raíz, el cual es la falta de programas sociales y abandono del sector educación, en cual por si fuera poco se baja de un 3% a un 2,8% el presupuesto del PBI destinado a este rubro, aún cuando en el país se vive una balanza económica positiva; y en el segundo se evidencia el abuso y la violación a nuestros derechos mandando a adolescentes a este tipo de lugares, existiendo personas preparadas y con más experiencia que pueden hacerse cargo de esta lucha contra narcotraficantes armados y organizados.

La RedNNA también exige la realización de un censo para ver la cantidad de menores de edad que se encuentran sirviendo en los institutos militares para que no sucedan abusos ni estemos esperando que adolescentes como el chico de 16 años que sirve en la base “Los cabitos” de Huanta (Ayacucho) ,el joven de Tingo María en la base “Uchiza” (San Martin), el de la “Base 42” en Cusco, o muchos otros que se encuentren en las fuerzas armadas sean víctimas de tal abuso y violación a sus derechos, más aún si tenemos en cuenta que muchos de ellos están ahí porque quieren a su patria y ponen sus ilusiones y sus vidas en manos de las fuerzas armadas a las que ven como nobles y honrosas, es por eso que nos parece indigno que, éstas traicionen a estos muchachos haciendo actos como los ya mencionados.

La Red Nacional de Niños niñas y adolescentes, una vez más, exigimos se sancione a los responsables, se corrijan los errores y sean tomadas en cuenta nuestras opiniones y sugerencias dadas. Estaremos vigilantes…

Lima, 16 de Abril del 2009

“Red Nacional de Niños Niñas y Adolescentes”



Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

La ley debe cumplirse y se debe investigar
el reclutamiento de personas menores de edad


El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes condena la emboscada perpetrada por grupos terroristas en la zona del VRAE, que ocasionó la muerte de 14 militares, además de personal desaparecido y en estado de gravedad.

En este contexto, el Colectivo Interinstitucional quiere llamar la atención sobre la muerte de un soldado menor de edad en un enfrentamiento armado el jueves 9 de abril en Ayacucho y, por ello, saluda la oportuna respuesta del Primer Ministro, Yehude Simón, llamando a investigar este hecho.

Según la información brindada por sus padres, el cabo Robinson en Pucallpa fue reclutado a los 16 años en forma compulsiva por el Ejército del Perú, violando la legislación nacional e internacional.

La Ley N° 29248, Ley de Servicio Voluntario, exige la mayoría de edad (18 años) para su ingreso en el servicio militar. El Perú ratificó en 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Este Protocolo prohíbe, en su artículo 2°, el reclutamiento obligatorio de personas menores de 18 años en las Fuerzas Armadas y establece, en el artículo 1°, que los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus Fuerzas Armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.


La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, advirtió que en 2008 recibieron 120 denuncias de reclutamientos arbitrarios a personas menores de edad. La Fiscal de la Nación, el Primer Ministro y el Jefe de las Fuerzas Armadas han expresado públicamente que se deben de identificar a los responsables del reclutamiento del niño Robinson en el Ejército.

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes insta a las autoridades estatales a investigar y sancionar para que no se produzcan nuevamente todos los casos de niñez y adolescencia reclutada por las Fuerzas Armadas, en cumplimiento con la normativa jurídica nacional e internacional.

Lima, 15 de abril de 2009

martes, 7 de abril de 2009

No viviremos otro momento igual

Le garantizamos un juicio justo en la democracia que recuperamos y fortalecimos luego de sus diez años de autoritarismo, corrupción y violación a los derechos humanos.

Esperamos una sentencia justa.


Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima


jueves, 2 de abril de 2009

Gobernó desde el infierno


¡Qué verdadera esa frase! Fujimori el día de ayer creyó que su alegato final de inocencia sería una reivindicación. Quedó atrapado en su soberbia y echó por tierra el arduo trabajo de su abogado defensor que lo había pintado como el hombre que no supo nunca lo que sucedía. Alberto Fujimori confesó que todo lo sabía, que nada ni nadie actuaba por su cuenta, que fue el artífice de la lucha contra el terror; y hasta tuvo el gran desatino (para su defensa ante el Tribunal) de decir que sentía lo que le sucedió a los estudiantes y al profesor de La Cantuta. El pez por la boca muere: si lo supo, ¿por qué ascendió y felicitó a los miembros del Grupo Colina? ¿Acaso no lo sabía todo? ¿Por qué los amnistió en 1995 imponiendo la peor Ley de Amnistía de América?

Si fue un acto de campaña para su señora hija, echó por tierra lo que debió ser su único objetivo: rebajar la pena que le impondrán sus jueces.


Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima

La memoria, más que un museo


“― Contar bien significa: de manera que sea escuchado. No lo conseguiremos sin algo de artificio. ¡El artificio que suficiente para que se vuelva arte”

Jorge Semprún, La Escritura o la vida”

“pues la muerte no es algo que hayamos rozado, con lo que nos hayamos codeado, de lo que nos habramos librado, como un accidente del cual saliera ileso. La hemos vivido…No somos supervivientes, sino aparecidos”.

Jorge Semprún, La Escritura o la vida”

¿Cómo expresar lo que un joven español en la resistencia, vivió en el campo de concentración de Buchenwald? Ese es el tema del libro de Semprún. Nos remite a una experiencia ocurrida en Alemania, país en el que bajo el nazismo, seis millones de judios murieron en campos de concentración, multilados, gaseados, incinerados. Niños, ancianos,, mujeres embarazadas, todos. Es un país que ha decidido mirar el pasado para abrirse al futuro sin miedo; han elaborado el horror, sin temor a la memoria. Veamos si no la Pieta de Kate Kollwitz y sus dibujos recogidos en memoriales que recuerdan lo que ahí sucedió para que las futuras generciones sepan que el dolor fue de una dimensión inconcebible y que el mal radical existe.

Ese país decidió donarnos dos millones de Euros para el Museo de la Memoria en el Perú. La experiencia del mal, del límite del sufrimiento cruel que seres humanos pueden inflingir a otros es común a nuestros dos países con las diferencias de tiempo y de circunstancias. Pero, como sabemos, el gobierno de García lo rechazó, el Ministro de Defensa dijo que nosotros no necesitábamos memoria sino comida. Rechazaron dos veces esta donación y lo hicieron con los más pobres y cínicos argumentos, alentando expresiones de odio y descalificación hacia quienes promovemos esa iniciativa. Desprecio, sobre todo, a los sobrevivientes del conflicto armado interno, a las víctimas pues, según ellos, no merecen que su memoria sea dignificada: ese fue el mensaje.

Mario Vargas Llosa encabezó un pronunciamiento a favor del Museo de la Memoria y conversó con el presidente García para convencerlo de la bondad de esta iniciativa. Logró su cometido y hoy preside el grupo que se hará responsable de ponerlo en marcha. Nos alegramos por ello ya que un artista puede ser quien mejor comprenda el porqué es indispensable el artificio (como dice Jorge Semprún) para elaborar lo vivido y para que el mensaje sea realmente escuchado.

Ayer, nuevamente, han atacada la escultura El Ojo que Llora de la artista Lika Mutal. Coincidió con el alegato de Alberto Fujimori al final del proceso que se sigue en su contra por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

No será fácil el cometido de Vargas llosa. Tendrá, sin embargo, muchos aliados. Estaré entre ellos. Ojalá estén las esposas de los policías y militares que dieron su vida por nosotros en el combate a Sendero Luminoso y al MRTA. Ojalá estemos todos y todas, también las mujeres violadas en la base militar de Manta y Vilca, comprendiendo en el fondo de nuestros corazones que la memoria sana y dignifica, que la verdad duele pero cura.


Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima

miércoles, 1 de abril de 2009

Un justo en el banquillo

El Pleno del Congreso decidirá la suerte de Fernando Rospigliosi, ex Ministro de Interior. Ayer aprobaron en el Comité Permanente una Acusación Constitucional que le impediría ejercer cargos públicos por cinco años. Una acusación promovida por los más oscuros intereses, liderados por su implacable perseguidor: Jorge Mufarech, quien parece que tiene un gran poder hoy en el Congreso, como lo tuvo en el Gobierno de Toledo y en el de Fujimori.

Fujimoristas y apristas se vuelven a juntar para castigar a un hombre justo que no hizo otra cosa que buscar el máximo de transparencia y probidad en la compra de los uniformes de la Policía Nacional y, por ello, suscribió un convenio con la Asociación Civil PROETICA.

Represalia del APRA por los sacar a luz los Petro Audios y airear publicamente el caso Bussines Track que toca con su dedo acusador al más alto nivel de gobierno. Un hecho que le costo a García un Gabinete. Y él no perdona.

Represalia de Mufarech por haber sido acusado acusado por Rospigliosi, Pedro Salinas y por mi de Encubrimiento Real y Omisión de Denuncia ya que cuando era Ministro de Trabajo de Fujimori, encubrió a personas comprometidas con el contrabando. Hecho que el propio Mufarech se encargó de publicitar en la Comisión Parlamentaria que investigaba la influencia de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial.

Represalia del fujimorismo por la lucha permanente de este periodista contra sus crímenes y la corrupción en los libros escritos por él, así como en sus artículos y declaraciones, siempre claras y sin ambiguedades.

Fernando Rospigliosi fue un Ministro que se atrevió a reformar la Policía, a modernizarla y reestructurarla. Un ministro para el que se creó la condecoración “El Corazón Policial”; un Ministro que impulsó a la Policía a a colaborar activamente con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, siendo el primero en cumplir con sus recomendaciones de reparación a los policías afectados por el conflicto armado interno.

Es un Congreso que se ha convertido en propiedad de intereses oscuros y corruptos que persigue a quienes cumplen la ley y concilia con quienes la violan. Lamentable.

Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima