Un Estado penetrado por poderes fácticos

La información relacionada a que personas vinculadas a la Marina de Guerra del Perú (seis en actividad y retiro ya detenidos) están entre quienes interceptan, en el caso concreto del “chuponeo” de Busines Track a Romulo León Alegría , los “petro audios” que causó la crisis más severa en el gobierno de Alan García por los actos de corrupción gravísimos (hoy enterrados por la manipulación de la investigación parlamentaria que los deja en la impunidad) que revelaron, es revelador de la privatización de la seguridad y la inteligencia en el Perú.

La relación entre el interceptador Elían Manuel Ponce Feijóo y el vicepresidente de la República, el Almirante Luis Giampietri, quien logró ascenderlo en retiro al grado de contralmirante el 2006 influyendo en Alan García para ello, y que al no poder colocarlo en el Servicio de Inteligencia por su pasado vinculado a graves violaciones a los derechos humanos, se lo presentó a Alex Kouri para que le diera trabajo, es gravísima también por la penetración en el más alto nivel del gobierno de estas fuerzas oscuras que trafican con información obtenida ilegalmente.


Pero esto no es nuevo, la responsabilidad de la empresa Forza, vinculada a marinos y al inefable almirante Giampietri, que prestan servicios a empresas mineras en la detención y tortura de 29 personas, dos de ellas mujeres, líderes de las rondas campesinas de Tayacaja y Huancabamba a fines de julio del 2005 cuando iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera Minera Majaz, hoy Río Blanco (caso defendido por organizaciones de derechos humanos), nos revela también el poder que tienen estas empresas de seguridad y la subordinación a ellas de nuestra Policía Nacional, sirviendo intereses privados. Hace un tiempo, se denunció las amenazas y el “reglaje” al padre Marco Arana, líder de la lucha ambientalista en el Perú por parte de esta empresa Forza.


Esta situación desnuda lo que ya sabíamos y que no es posible aceptar un día más en un Estado de Derecho. La seguridad es tarea de la Policía Nacional. Si los más oscuros intereses vinculados a empresas, al crimen organizado y a la corrupción, tienen la capacidad de actuar con tanta impunidad al estar vinculados a la esfera más alta del gobierno, nuestro Estado está penetrado por los poderes fácticos. Esa es la terrible realidad.

Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima