
Carlos Reyna, analista política sostiene con razón en una entrevista que escucho ahora en “No hay Derecho” que lo ocurrido en Moquegua se pudo prevenir. “¿O acaso pensamos que a la gente le gusta tomar puentes, secuestrar generales y policías? No.”
Tiene toda la razón.
Existe un problema acerca del uso equitativo de recursos provenientes del Canon. Es eso lo que desde hace tiempo ha generado problemas entre Tacna y Moquegua. Contabilizar por separado y comparar las rentabilidades específicas del mineral en uno y otro departamento para distribuir de manera justa los recursos que provienen del Canon. No puede seguir la reglamentación actual del canon en virtud de la cual éste se da por la tierra removida y no por la ley o calidad del mineral (que es lo que genera más o menos ganancias), como debiera ser.
Se pudo prever el secuestro del General y de los policías (acto que no es aceptable) pero ese no es el espíritu del actual gobierno; no es el de la concertación y profundización del proceso de descentralización. La actitud del actual gobierno no es la de sentarse a dialogar con la Asamblea de Gobiernos Regionales para definir estos asuntos tan importantes, ni con los sectores involucrados para producir los cambios reglamentarios necesarios, tampoco a pensar con las regiones y asociaciones de municipalidades qué hacer con las ocho regiones, con las provincias y distritos que no reciben canon.
Todo lo contrario, García y su etéreo Ministro del Interior, reaccionan policialmente cuando lo que tiene que hacer es actuar políticamente.
Canon, repensarlo técnica y solidariamente
Los recursos vienen de la minería e hidrocarburos y ahora tienen precios internacionales muy favorables generando extraordinarias ganancias para las empresas. Sin embargo, son recursos no renovables. Los ingresos como los del canon , deben planificarse estratégicamente para ser invertidos en desarrollo humano sostenible y sustentable en las regiones.
El Gobierno Central se queda con el 50% de lo recaudado por canon ¿qué es lo que se hace con ese dinero? No lo sabemos. Es indispensable en primer lugar, conocer en qué se invierte (no está en el SIAF) y, en segundo lugar como aconseja Carlos Reyna (y estoy plenamente de acuerdo), se debe pensar en fondos compensatorios o de equidad para quienes no tienen recursos energéticos ni mineros y, por consiguiente, no gozan de este derecho. Las regiones tienen, por su lado, grandes responsabilidades en el área de gestión e inversión para que los recursos que reciben sean invertidos con efectividad, eficacia y eficiencia en la inclusión social, el desarrollo productivo y ambiental.
La protesta social
La última encuesta de la Universidad Católica a nivel nacional ha tratado acerca de la satisfacción e insatisfacción con la democracia. Uno de los motivos de insatisfacción (57%) de las y los peruanos con la democracia tiene que ver con la necesidad y el derecho de manifestar y protestar y las dificultades para ejercer este derecho. 58% de los encuestados cree que es
muy importante manifestar y 34% que es
importante. Razón no les falta. En democracia debemos tener todas las garantías para organizarnos, para expresarnos y para protestar. Sin violencia, sin armas, sin dañar la propiedad pública y privada, sin toma de carreteras, pero ejercer plenamente el derecho a protestar, a expresar nuestra indignación y nuestras demandas cuando los canales del diálñogo y la concertación fallan o no existen. Para eso luchamos por la democracia, contra el terror dec Sendero Luminoso y también contra el autoritarismo de Fujimori.
No es democrático criminalizar la protesta social. Es inaceptable. Eso sólo sucede en dictaduras y en gobiernos autoritarios. La
mano dura de los carísimos spots del Ministerio del Interior envían un mensaje de
orden y seguridad que nadie cree. La seguridad proviene de un conjunto de políticas sociales, económicas y, en tercer lugar, policiales. Es muy preocupante que el Presidente de la República diga que se va a tratar lo sucedido en Moquegua como “el Andahuaylazo”, aludiendo a los graves hechos provocados por los Humala en la toma de la Comisaría de Andahuaylas que costó la vida de valiosos policías.
Moquegua no es Andahuaylas.
La protesta social no se criminaliza.
El orden proviene del ejercicio de la autoridad democrática, de la capacidad de gobernar concertando social y políticamente y de una genuina política de seguridad pública -hoy inexistente-.
Necesitamos otra forma de gobernar. No nos volvamos a equivocar en las urnas.
Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima