Enviar por correo postal o por fax al número: + 51 1 225 7234
Sr. Remigio Hernaní Meloni
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza 30 de agosto s/n Urb. Corpac
San Isidro
Lima, PERÚ
Sr. Ministro
Quisiera expresarle mi preocupación por la seguridad del periodista piurano Julio César Vásquez Calle, que fue amenazado de muerte por teléfono el pasado 5 de febrero de 2009. Julio ha presentado en la fiscalía de la región de Piura una denuncia contra unos agentes de policía y unos guardias de seguridad de la empresa Minera Majaz que, según afirma, lo torturaron mientras informaba sobre una protesta en marzo de 2005. Julio no es el único; otras 28 personas de comunidades campesinas de la zona han reportado a Amnistía Internacional denuncias similares.
Consideramos que Julio corre grave peligro. Por ello, le instamos a que desde el Ministerio del Interior se haga cuanto sea posible para garantizar su seguridad y la de las demás personas que han denunciado casos similares. Pedimos también que se ordene una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias contra la policía y los guardias de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia.
Las comunidades locales afectadas por proyectos mineros tienen derecho a recibir información y a participar en procesos de consulta abiertos, transparentes e imparciales antes de que tenga lugar ningún tipo de actividad minera. Este derecho debe ser garantizado por el Estado peruano.
Atentamente,
Susana Villarán de la Puente
LLAMAMIENTO DIRIGIDO A LA FISCAL DE LA NACIÓN DEL PERÚ
Enviar por correo postal o por fax al número: + 51 1 426 2800
Dra. Gladys Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público
Av. Abancay Cuadra 5 s/n
Lima 1, PERÚ
Sra. Fiscal de la Nación
Quisiera expresarle mi preocupación por la seguridad del periodista piurano Julio César Vásquez Calle, que fue amenazado de muerte por teléfono el pasado 5 de febrero de 2009. Julio ha presentado en la fiscalía de la región de Piura una denuncia contra unos agentes de policía y unos guardias de seguridad de la empresa Minera Majaz que, según afirma, lo torturaron mientras informaba sobre una protesta en marzo de 2005. Julio no es el único; otras 28 personas de comunidades campesinas de la zona han reportado a Amnistía Internacional denuncias similares.
Consideramos que Julio corre grave peligro. Por ello, le instamos a que desde el Ministerio Público se haga cuanto sea posible para garantizar su seguridad y la de las demás personas que han denunciado casos similares. Pedimos también que se ordene una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias contra la policía y los guardias de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia.
Las comunidades locales afectadas por proyectos mineros tienen derecho a recibir información y a participar en procesos de consulta abiertos, transparentes e imparciales antes de que tenga lugar ningún tipo de actividad minera. Este derecho debe ser garantizado por el Estado peruano.
Atentamente,
Susana Villarán de la Puente
Solidarios y Vigilantes
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