Derechos, no impunidad

A la propuesta de Amnistía del congresista Núñez se ha añadido la de Mercedes Cabanillas de indultar, otorgar derecho de gracia y conmutar las penas a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales procesados y sentenciados por violación a los derechos humanos. Cumplen la consigna del presidente García en la ceremonia del 8 de octubre: “¿Qué esperamos para poner fin a las persecuciones contra las Fuerzas Armadas? Esto tiene que pensarlo el Perú dentro de cada hogar, y tiene que pensarlo el Congreso de la República.”

Se ha dicho que Cabanillas promueve una institución similar a la Comisión de Indultos. No es así. El hoy procesado Fujimori se vio obligado a enfrentar un problema incontrovertible: miles de personas inocentes habían sido sentenciadas por tribunales sin rostro, por jueces militares, en procesos sin garantías en virtud de una “legislación antiterrorista hecha para enjuiciar y condenar”[1], promulgada después del autogolpe; es decir, en plena demolición del estado de derecho en el Perú.

En los tres años y medio que funcionó la Comisión Ad Hoc, 657 fueron identificados como inocentes y en su Informe Final, declaró que existían 340 casos pendientes de estudio. Paniagua indultó a otros más, entre ellos, al actual Jefe del Gabinete (quien, dicho sea de paso, debe rectificar su posición a favor de esta iniciativa). A ellos se añaden las 606 personas absueltas por los tribunales, entre agosto de 1996 y diciembre de 1999. Aún quedan inocentes en prisión.

Se ha mentido sobre el alto número de militares y policías involucrados. En el caso de Chavín de Huantar la Defensoría y el Poder judicial han aclarado que son sólo cuatro los procesados, entre ellos Montesinos. La Defensoría del Pueblo lleva 59 casos que involucran a 359 miembros de las FFAA y policiales. De ellos, 19 han recibido sentencia[2]. El Instituto de Defensa Legal en los casos que patrocina contabiliza 92 procesados y cuatro sentenciados. No suman más de 600.

Se trata pues de una realidad muy diferente. El Poder Judicial no es el que queremos, es lento y hay corrupción pero no está más en manos de Rodríguez Medrano, el operador de Montesinos. Para los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que presuntamente violaron derechos humanos existen tribunales independientes que deciden sobre su culpabilidad.

¿Cuándo entenderán, congresistas y políticos insensatos, que nuestras Fuerzas Armadas y policiales no demandan impunidad sino derechos? Reclaman la justa reparación por el daño padecido en el enfrentamiento al terrorismo; es eso lo que reivindican las viudas, los huérfanos, las personas con discapacidad. ¿Por qué no se preocupan de los biomédicos que escasean por la corrupción, de la rehabilitación, física y psicosocial, de las becas, los programas de empleo, del patrocinio legal, de las viviendas que hace once años no reciben y que les corresponden por ley? ¿Por qué el proyecto de la Defensoría del Policía para dotar de viviendas a las víctimas duerme el sueño de los justos hace más de seis años?

Derechos, ese es el reclamo. Sólo un puñado de criminales pe rsigue la impunidad.

[1] Ernesto de la Jara, Memoria y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001. Instituto de Defensa Legal, Lima, marzo 2001

[2] Defensoría del Pueblo. El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia? Informe Defensorial 128, diciembre del 2007

Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima