Cuando la impunidad reina

Lo que sucede en nuestras regiones y provincias no llega a las primeras planas. Destacados esfuerzos de redes electrónicas de comunicación alternativa nos permiten conocer de primera mano lo que sucede.

En este post quiero destacar dos hechos que deberían suscitar la reacción del país:

Las ejecuciones y desapariciones en el marco del operativo militar contra Sendero en el VRAE el 14 de setiembre pasado que se ha rodeado de desinformación por las autoridades del Ministerio de Defensa para favorecer la impunidad. Ya se han hecho presentes en la zona organizaciones de derechos humanos como Paz y Esperanza a través de su oficina en Ayacucho y APRODEH.

Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales tienen que ser investigadas con diligencia y sus autores, severamente sancionados. No podemos repetir la historia.

El otro hecho tiene que ver con el cierre de Radio Mercurio en Huancavelica, radio que abre su espacio al pueblo huancavelicano y sus justas demandas. Hace unos días me informaban de las amenazas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de cerrar Radio Uno en Tacna, que lidera de lejos el rating en esa región, una radio de la que deberíamos sentirnos orgullosos por su incansable lucha por los derechos de nuestro pueblo y su excelente información. ¿Le molesta a la Sra. Aljovín, brazo derecho de la Ministra Zavala que Radio Uno supere de largo la audiencia de RPP en Tacna?.

Pero no son sólo Radio Mercurio y Radio Uno, también Radio Marañón está en la mira, el padre Francisco Muguiro, director de esta emisora regional del nor oriente del país, fue acusado por la Policía de instigar la rebelión indígena no hace mucho. a travésdeun comunicado inaceptable.

Defendamos la libertad de expresión y salgamos al frente de quienes quieren callar la voz del pueblo. Las radios regionales, locales y comunitarias son espacios del pueblo y de sus organizaciones y fiscalizan a las autoridades. Eso es lo que no quieren.

Desde la red de INFOREGION:
Huamanga - Ayacucho (06 octubre 2008 - 18:09)

Muertos no eran terroristas, eran los pobladores desaparecidos tras incursión militar en el VRAE

Hoy en la mañana, luego de esperar durante varias horas, familiares de los campesinos que desaparecieron el pasado 14 de septiembre en el anexo de Río Seco, ubicado a un kilómetro de la comunidad de Mayobamba, finalmente reconocieron a los cuatro cadáveres que fueron recientemente traídos del VRAE y que permanecían en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Familiares y abogados, junto con la parlamentaria por Ayacucho Elizabeth León Minaya, ingresaron a las instalaciones de del Instituto de Medicina Legal de Huamanga para iniciar los trabajos de reconocimiento de los pobladores fallecidos, quienes fueron sindicados como terroristas en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

A la salida de mencionado recinto, Frank Canchanya Rimachi, hermano de José Félix Canchaya Rimachi, abrumado, sostuvo que reconoció a su hermano, pese a que el cuerpo ya tenía signos de descomposición. Invocó a las organizaciones de derechos humanos que se pronuncien y exijan severas sanciones para los que resulten responsables.

Otros de los familiares que ingresó al Instituto de Medicina Legal fue Marcelino Pichardo, quien reconoció a su hijo Maximiliano, a su nuera, quien se encontraba embarazada de cinco meses y a su hijo menor Alejandro

Víctimas eran del Comité de Autodefensa

Alexis Avilés, abogado de los familiares, aseguró que "han asesinado a gente humilde e inocente y por eso se intentó tapar el crimen. Primero negaron su existencia y luego los acusaron de terroristas”

El abogado señaló que afortunadamente pueden probar la identidad de las víctimas, cuya mayoría pertenecía al Comité de Autodefensa de Mayobamba, “hecho que descarta su vinculación con grupos terroristas".

Los restos que lograron ser reconocidos pertenecen a Maximiliano Pichardo Fernández, vicepresidente del Comité de Defensa de Mayobamba, su esposa, Rosa Chávez, de 22 años, con cinco meses de gestación, José Félix Canchanya Rimachi, esposo de Lucy Pichardo, la mujer que denunció el hecho en Huanta y Alejandro Pichardo Fernández de apenas 16 años de edad.

Hasta el momento permanecen como desaparecidos Moisés Pichardo Pariona y Rosalinda Pichardo Chávez, de apenas un año de edad. Para acelerar las investigaciones, autoridades del Ministerio Público solicitaron el uso de un equipo de rayos X.

Huamanga - Ayacucho 06 octubre 2008 - 10:50

Recibieron armas del Ejército para luchar contra el terrorismo

Documentos muestran que pobladores desaparecidos en el VRAE pertenecían a los Comités de Autodefensa

Familiares y abogados mostraron un padrón de comuneros que demuestra que las personas desaparecidas en el marco de las operaciones militares contra el terrorismo realizadas en el VRAE pertenecían al Comité de Autodefensa de Mayobamba y contaban con el reconocimiento del Ejército, entidad que les entregó varias retrocargas para luchar contra los remanentes de Sendero Luminoso. De ese modo se confirma la existencia de esos comuneros y se descarta que hayan militado en grupos terroristas. El pasado 14 de setiembre, de acuerdo con testimonios de pobladores del anexo de Río Seco, aproximadamente 125 comuneros de Mayobamba se encontraban izando el Pabellón Nacional cuando a un kilómetro de distancia escucharon disparos y explosiones. De inmediato, integrantes de los Comités de Autodefensa de Mayobamba enviaron al dirigente Carlos Gutarra Ayala para averiguar lo que ocurría. Sin embargo, habría sido detenido por tropas militares y sometido a torturas. Gutarra Ayala fue liberado varias horas después y hallado por sus compañeros en la comunidad de Jesús María con evidentes signos de maltratos. Producto de ello, decenas de comuneros de Mayobamba decidieron abandonar sus tierras para dirigirse a otras comunidades del VRAE. De acuerdo con el padrón de comuneros de Mayobamba, siguen desaparecidos los siguientes pobladores: José Félix Canchanya Rimachi, Maximiliano Pichardo Fernández, Moisés Pichardo Pariona, Alejandro Pichardo Fernández, Rosalinda Pichardo Chávez y Rosa Chávez, de 22 años y con cinco meses de embarazo. Comisión Multisectorial visitó la zona El último fin de semana, representantes de instituciones públicas viajaron hasta el VRAE para investigar los hechos. Formaron parte de ese grupo de trabajo el Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, representantes del PRONAA y FONCODES, junto a abogados de organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Asociación Paz y Esperanza y APRODEH. Ese grupo de trabajo recogió testimonios de personas que confirmaron que tropas del Ejército violaron los derechos humanos. Alexis Avilés, uno de los abogados defensores de la pobladora Lucy Pichardo Fernández, quien logró sobrevivir al supuesto ataque de las Fuerzas Armadas, sostuvo que existen indicios suficientes para demostrar la ocurrencia de presuntas desapariciones forzosas, ya que existen declaraciones testimoniales de una persona que habría presenciado esos hechos "El general EP Raymundo Flores ha reconocido la existencia de un operativo militar en la zona por órdenes de su comando y por lo tanto requerimos que el Estado entregue los cuerpos de las personas que permanecen como desaparecidas", declaró.

En Huancavelica, cierre de Radio Mercurio
Comunicado

Frente a la arbitraria intervención e incautación de los equipos de transmisión de Radio "Majestad SAC" por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Ciudad de Lima, Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, el pasado martes 30 de setiembre de 2008; es necesario expresar lo siguiente:
Primero: Que, la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos reconocidos y consagrados por la Constitución Política del Estado Peruano, la Convención Sobre los Derechos Humanos y otras normas de rango nacional e internacional, por tanto su ejercicio pleno en cualquiera de sus formas como la de opinión libre, denuncia de injusticias e irregularidades, reclamar cambios y otros, constituye además un elemento consustancial para la vida democrática de un país.

Segundo: Es parte del trabajo del Centro de Desarrollo Andino SISAY el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones y de los ciudadanos y ciudadanas de Huancavelica, propiciando espacios de gobernabilidad y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos respetando, defendiendo y exigiendo su cumplimiento, por lo que, los programas radiales dirigidos por nuestra institución así como por las mismas organizaciones (Frente de Defensa de Huancavelica, Bio Ritmo Periodismo Escolar dirigido por las alumnas del Colegio Francisca Diez Canseco de Castilla, entre otros) han tenido esa connotación de incidir en las actuaciones del gobierno regional y local denunciando hechos irregulares y fiscalizando y controlando el uso de los recursos, hecho que evidentemente ha incomodado a las autoridades de turno.

Tercero: Por estos hechos es fácil deducir que dichas autoridades han solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Lima, la intervención de la emisora so pretexto de tratarse de una emisora "pirata" con el nombre de radio "Máxima", es decir sin licencia para su funcionamiento, conjetura que carece de veracidad por cuanto la emisora se estuvo emitiendo en la frecuencia 95.5 que corresponde a radio Majestad, conforme pudieron verificar los mismos interventores, y que éste cuenta con la resolución de autorización correspondiente tomada por nuestra institución vía acto contractual, por tanto, nuestra emisión se encontraba enmarcada dentro del marco legal respectivo.

Cuarto: En tal sentido, la actuación de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima, deviene en abusivo y arbitrario, más porque si bien es cierto que contaban con una resolución de autorización para intervenir, ésta era contra la radio Máxima y no contra la radio que tiene la nomenclatura de MERCURIO, al momento de ser intervenido emitía su señal en los 95.5 de la Frecuencia Modulada; por lo que se procederá con las denuncias penales respectivas.

Quinto: El derecho a la libertad de expresión generalmente es violentada en estados dictatoriales y opresores, y en el contexto actual hemos sido testigos que el gobierno aprista ha utilizado este mecanismo para acallar la voz del pueblo, y al parecer el gobierno regional y local vienen apelando al mismo juego a fin de gobernar sin ninguna forma de oposición ni fiscalización por parte de las organizaciones sociales.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

1. Rechazamos la actuación arbitraria de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
2. Rechazamos la actitud poco transparente de las autoridades locales, y,
3. Reafirmamos nuestro servicio a las organizaciones y al pueblo emitiendo información verás y objetiva en nuestros espacios informativos.
¡Abajo el autoritarismo, VIVA la libertad de expresión!
Por una prensa libre e independiente.

Solidarios y vigilantes
Hasta la próxima