El Paro Nacional convocado por varias centrales sindicales el 9, el Paro Agrario de dos días y el amazónico de tres, son expresión contundente del descontento mayoritario y de múltiples demandas insatisfechas. De estos hechos destaco dos asuntos cruciales. El primero, la indispensable redistribución ― en la sociedad y en el territorio ― del crecimiento de la economía. El segundo, la urgente necesidad de recuperar la cultura de la concertación.
La política económica y social debe y pueden cambiar
El relevante crecimiento económico de cinco años continuos de la economía no ha llegado a todos ni todas por igual. Las brechas entre los de arriba y los de abajo, entre las regiones y Lima se han incrementado y el empleo ha crecido tímidamente. Mientras las utilidades de las empresas aumentaron del 52% del PBI en 1990 a un 62% en el 2006, las remuneraciones cayeron de 30% al 22% en el mismo lapso. Casi veinte años de políticas económicas neo liberales han sido eficaces para distribuir el ingreso entre los más ricos y desfavorables para impulsar más rápidamente el empleo y mejorar el ingreso de millones de compatriotas.
El modelo debe cambiar. Es posible y es necesario. Entre otras, requerimos medidas que orienten las inversiones a actividades descentralizadas intensivas en mano de obra. Sólo el empleo digno y una política económica y social basada en los derechos de las y los peruanos a un desarrollo esencial en educación y salud universales y de calidad, al saneamiento e infraestructura vial y energética, a la justicia y seguridad, generarán oportunidades y resultados que nos igualen.
La forma de gobernar debe y puede cambiar
Asistimos a un gravísimo deterioro de la cultura política de la concertación y de sus instituciones, ― la mayor parte de ellas creadas en la transición democrática ―. Esto se expresa en el debilitamiento del Acuerdo Nacional, el ninguneo gubernamental a las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la ausencia de perfil del Consejo del Trabajo, el abandono de la prevención sectorial y concertada de los conflictos, la falta de diálogo serio y eficaz del gobierno con la Asamblea de Gobiernos Regionales, los gobiernos locales, los gremios y asociaciones.
La violencia verbal del Presidente contra quienes lo critican echa gasolina a la hoguera, generando distancias e incrementando peligrosamente la desconfianza. La criminalización de la protesta social, así como al trastrocamiento del orden constitucional confiriendo a las FFAA facultades para intervenir en asuntos de orden interno en supuestos no considerados siquiera en la polémica Ley 28222 para acallar a quienes protestan, hace más frágil aún nuestro Estado de Derecho.
Retos
El nuevo liderazgo político y social que surge en las regiones, la Asamblea de Gobiernos Regionales, los partidos emergentes, el movimiento social y político que surgió de la transición democrática deben recuperar el terreno perdido, articular esfuerzos, fortalecer presencia y voz para lograr el cambio, la justicia, la concertación y la gobernabilidad.
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