8 consideraciones sobre la improcedencia de rebajar la edad de responsabilidad penal a 16 años

La propuesta de la congresista Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior, cuyo propósito es modificar diversos artículos del Código Penal, del Código de Ejecución Penal y del Código del los Niños y Adolescentes[1], atenta contra los derechos de los niños y es ineficaz para reducir la delincuencia. Entre otros aspectos, esta iniciativa contempla que aquellos adolescentes de entre 14 a 15 años que cometan algún delito, como parte de pandillas perniciosas, sufran un internamiento no menor de 4 años. Si son cabecillas de pandillas, el internamiento será no menor de 3 ni mayor de 5 años; pero si sin son mayores de 16 años, entonces se les aplicará el Código Penal.

1. la creciente percepción de inseguridad y el aumento de la criminalidad exigen respuestas efectivas de las autoridades

a) Percepción de inseguridad
La percepción de inseguridad es creciente no solamente en el Perú. La ciudadanía exige respuestas a lo que considera el segundo o tercer problema más importante (según las encuestas) y la autoridad debe darlas.
Los delitos patrimoniales aparecen en las encuestas por encima de cualquier otro problema delincuencial. La percepción del robo en la calle es mucho mayor que la percepción de las agresiones de las pandillas. 31% consideran que éstas han disminuido. La preocupación por las pandillas se concentra en el estrato bajo superior seguido del bajo inferior[2].

b) Victimización
En Lima Metropolitana y El Callao, no existen diferencias entre clases sociales respecto a la victimización. Por ejemplo, un 40% de limeños declara haber sido afectado por un robo en la calle. Contra lo que se piensa, quienes declaran haber sido víctimas de pandillas son, en términos porcentuales, muy pocos[3]
Incremento efectivo de la criminalidad en America Latina, la tasa de homicidios es 25.1 por cada 100,000 habitantes en América Latina, el doble que la de 1980 y 25 veces más que en los países nórdicos[4]. El Perú tiene una tasa de criminalidad media.
El Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica y la vida libre de violencia para todas las personas que viven en su territorio, tanto en el ámbito público como en el privado.

2. La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una obligación del Estado

Proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes no es incompatible con la seguridad ciudadana. Todo lo contrario, las políticas universales de educación y salud, así como la prevención social y las medidas restaurativas garantizan el derecho a una vida libre de violencia y la convivencia pacífica entre las personas.
El Estado como Parte de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 está vinculado a la norma y a las recomendaciones que emanen del órgano que ésta crea, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La norma señala que el Estado tiene responsabilidad de “establecer medidas socio-educativas alternativas al internamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley.” (Artículo 40, párrafo 4). El CDN en su Observación General No 10 claramente expresa su preocupación por la falta de información de los Estados Parte sobre las medidas que han adoptado para evitar que los niños entren en conflicto con la ley

Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado peruano, marzo del 2006
“El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos para garantizar la plena armonización del derecho interno con la Convención y que considere la posibilidad de derogar la “Ley de mendicidad” y el artículo del Código del Niño y del Adolescente que se refiere al “pandillaje pernicioso”

Administración de justicia juvenil
72. El Comité recomienda al Estado Parte que prosiga y redoble sus esfuerzos para armonizar plenamente el sistema de justicia juvenil con la Convención, en particular los Artículos 37, 40 y 39, y con otras normas de las Naciones Unidas en la esfera de la justicia juvenil (reglas de Beijing) Directrices de RIAD para la Prevención de la delincuencia juvenil, la Reglas de Naciones Unidas parta la Protección de los Niños Privados de Libertad y las Directrices de Acción de Viena sobre el Niños en el Sistema de la Justicia Penal, así como las recomendaciones formuladas por el Comité en su día de Debate General sobre la administración de la justicia juvenil (CRC/C/46 párrafos 203 a 238). “A este respecto el Comité recomienda:
a) Que cree tribunales de infancia en todo el país con personal debidamente formado,
b) Que establezca un sistema funcional de medidas socioeducativas y recurra a la privación de la libertad solo como último recurso y por el período más breve que estime adecuado;”

3. Diagnóstico que sobredimensiona el problema

El Proyecto de ley mencionado diagnostica que en el Perú existe un elevado número de pandillas juveniles integradas mayormente por adolescentes. Sin embargo, datos de la Policía Nacional contradicen esta afirmación. Lima y Callao concentran 410 de las 499 pandillas juveniles en Perú. Estas pandillas metropolitanas cuentan con 12 mil 128 miembros, 0.32% del universo de la población de esa edad. La Policía Nacional ha constatado que 55.4% de estos pandilleros son mayores de 18 años (Página Web de Save The Children Perú). Ver además los temas de percepción y victimización presentados en el punto 1.

4. Las respuestas penales a problemas sociales están condenadas a fracasar

Las y los adolescentes tienen derecho a la educación, a la protección de la familia, a políticas públicas nacionales y locales que generen igualdad de oportunidades y les permita un proyecto de vida digna. La represión y la privación de la libertad no resuelven el problema de los adolescentes que se integran a las familias.
a) Los pandilleros proceden de familias desestructuradas (sólo el 49.64 % viven con ambos padres); familias despreocupadas de sus hijos e hijas y poco afectuosas; padres vinculados a las drogas;
b) El 70.50 % de quienes integran las pandillas no ha completado la educación secundaria. “En AL uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educacional y del mercado de trabajo. Solamente el 49% termina la secundaria”[5]

c) La Dra. Rita Figueroa, Fiscal Provincial de Familia de Lima, ha señalado la necesidad estatal de invertir en políticas públicas, especialmente en salud y empleo; garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria de calidad y gratuita; apoyar programas de formación vocacional; limitar y controlar el tráfico y uso de armas de fuego; e instar a los medios de comunicación a contribuir a construir una cultura de paz. (Página Web Save The Children Perú)
d) La mayor parte de los adolescentes llegan al delito por su situación de marginalidad y exclusión social. Cuando se provee a estos adolescentes de educación y alternativas laborales, la reincidencia es baja o nula. Los jóvenes privados de la libertad en establecimientos tradicionales muestran una alta tasa de reincidencia. (Fenómeno de “la puerta giratoria”)

5. No meter a todos los adolescentes en el mismo saco

La mayor parte de los adolescentes en pandillas no están vinculados a delitos. Buscan en estos grupos sentido de pertenencia, afecto, reglas, referentes que no encuentran en la familia ni en la escuela o la comunidad. Una pequeña parte está vinculada a la criminalidad organizada en el caso peruano. La situación es muy diferente en países de Centro América.

6. Bajar la edad de responsabilidad penal favorecerá que las bandas criminales recluten niños cada vez menores de edad.

Está comprobado en países que han optado por esta vía que cuando se rebaja la edad de responsabilidad penal se incrementa el número de niños que se involucran en actividades delictivas ya que éstos son reclutados a edades cada vez menores. Las experiencias de políticas de Mano Dura o Súper Mano Dura en El Salvador y en otros países centroamericanos han sido contraproducentes.

7. La pena no disuade
Está comprobado hasta la saciedad que las penas no disuaden la comisión de delitos.

8. Es urgente impulsar políticas públicas que resulten adecuadas a un problema que tiene muchas causas, fundamentalmente sociales:

Incrementar drásticamente la cobertura y calidad de la educación secundaria (Art. 28 y 29 de la CND. Observación General 1 del Comité de los Derechos del Niño)

Trabajar con Escuelas de Padres y APAFAS para fortalecer a la familia (Artículo 3.2 CDN)

Prevenir y sancionar la violencia física, sicológica y sexual contra los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo institucional y presupuestamente el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES. (CDN, Artículo 19, Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda Forma de Violencia contra la Mujer, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, Código del Niño y del Adolescente, Informe del Representante Especial del Secretario General de UN sobre Violencia contra los Niños, Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2005-2011)

Erradicar, mediante medidas diversas que se han probado exitosas a nivel internacional, la tenencia de armas ligeras y pequeñas.

Impulsar en los niveles locales políticas públicas de recreación, capacitación e inserción laboral, salud sexual y reproductiva orientada a adolescentes y jóvenes.

Fortalecer institucional y presupuestamente los programas de la Policía Nacional y del Ministerio Público orientados a la recuperación y reinserción de adolescentes en pandillas que han comprobado ser exitosos. Dotar de mayores recursos al Programa Patrulleros Juveniles de la Policía Nacional.

Colocar en la primera línea de preocupación del CONASEC, ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la política de prevención de la delincuencia juvenil en los CODISEC (Comités Distritales de Seguridad Ciudadana). En aquellos en los que los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana han incorporado la prevención de la delincuencia juvenil, los impactos han sido muy positivos. La Ministra del Interior lidera el CONASEC.

Estudiar los programas exitosos de la sociedad civil como el impulsado por el sacerdote Ignacio Mantecón en El Agustino que ha logrado formar grupos de ex pandilleros “Martin Luther King” y “Ernesto Che Guevara”. También los programas apoyados por el propio MIMDES y el impulsado por el Ministerio Público, entre otros, sistematizando sus metodologías para impulsar políticas públicas en el nivel local, regional y nacional.

Para los adolescentes infractores, optar decididamente por las medidas socioeducativas en el sistema abierto, hoy minoritarias ya que solamente abarcan al 32%. ( 37 b CDN, Artículo 235 del Código del Niño y Adolescente, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia para Niños, Reglas de Beiing)

Impulsar la justicia restaurativa y desechar la justicia retributiva, tutelar y represiva hacia el adolescente. La justicia restaurativa determina la responsabilidad del autor (eliminando la impunidad), promueve la restauración de la víctima del delito y reintegra al infractor a la comunidad. Existen en el Perú experiencias exitosas de justicia restaurativa impulsadas por Terre del Hommes y Encuentros, Casa de la Juventud que involucran a la Policía Nacional y que han demostrado gran éxito teniendo una tasa muy baja de reincidencia.




[1] Proyecto de Ley No. 3152/2008-CR recibido en Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 6 de abril del 2009
[2] Basombrío Iglesias, Carlos Percepciones, victimización, respuesta de la sociedad y actuación del estado. Evolución de las tendencias de opinión 2001.2005. Instituto de Defensa legal, Lima 2005
[3] Basombrío Iglesias, Carlos Percepciones, Op. Cit.
[4] Klisberg, Bernardo, Para enfrentar el problema de la (in)seguridad ciudadana. Paso previo: superar un debate simplificador, limitado a lo sancionatorio.
[5] Klisberg, Bernardo, Op Cit

Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima